El Gobierno aprueba una ley que beneficia a los trabajadores que ganen menos de 1.350 euros mensuales

Nunca llueve a gusto de todos y son muchas las leyes que perjudican más de lo que benefician al ciudadano. Es cuestión de practicidad, ideología o mala praxis por parte del ejecutivo, según cada caso. Sea como fuere, un pequeño grupo de trabajadores que quizá optaban por la economía sumergida (o no), verán cómo el Gobierno les posibilita una nueva función laboral.

Esta semana se ha publicado que el Gobierno, en colaboración con los sindicatos, ha dado un paso hacia adelante a la hora de anunciar la polémica reforma final del subsidio por desempleo. Entre las medidas que se han adoptado, diseñadas para dar un mayor apoyo a quienes se encuentran en esta situación laboral, es un significativo avance no solo en el ámbito de la seguridad laboral, sino en general en el bienestar económico de la ciudadanía y la sociedad en general. Ya sabemos que, en los últimos tiempos, el Ministerio decidió manipular de manera grotesca los datos del paro, sacando de la ecuación a casi un millón de parados al considerarlos 'fijos discontinuos', independientemente de que sean parados cobrando prestación. Cosas que pasan.

El subsidio por desempleo es un componente vital del sistema de protección social, ya que da apoyo financiero a aquellos trabajadores que han perdido su empleo involuntariamente y no llegan a los requisitos mínimos de cotización para cobrar el paro.

Cobrar el paro y el sueldo a la vez

Una de las mejoras anunciadas más destacadas es la que contempla la posibilidad de compatibilizar el empleo con el cobro del subsidio por desempleo: esta medida permitirá que los trabajadores puedan recibir su salario y la prestación por desempleo al mimo tiempo, brindando un alivio adicional a quienes estén luchando por reincorporarse al mercado laboral.

Según se ha explicado, esta flexibilidad entrará en vigor en 2025 tras el primer año de cobro de la prestación y supone una respuesta concreta a las necesidades concretas de algunos trabajadores.

Los detalles que se han pactado y que se conocen hasta la fecha incluyen que podrán beneficiarse de esta compatibilidad aquellos trabajadores que perciban un salario que no supere los 18.900 euros brutos al año (es decir 1.350 euros al mes o 225% del Iprem) y que irá decreciendo en el tiempo y en función de la jornada realizada.

Por otra parte, otra de las dos grandes victorias de este decreto son las que incrementan el subsidio de 480 a 570 euros después de los seis primeros meses y la que mantiene la sobrecotización de los beneficiarios de más de 52 años y hace extensible esta protección a los menores de 45 sin cargas familiares y mayores de 52 con personas a cargo cuando las rentas superan el umbral del 75% del salario mínimo interprofesional. Hacienda, en cualquier caso, estará al tanto de todo. Ojito con eso.